Puerto Madryn

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Con casi seis meses de demora y luego de que el sistema eléctrico afrontara un sobrecosto operativo que casi ha triplicado el monto total del arreglo, el Gobierno decidió tirarles un salvavidas económico a los dueños de Aluar para que puedan reparar la línea de alta tensión Futaleufú-Puerto Madryn, que quedó fuera de servicio por una tormenta de nieve.

La ayuda estatal al grupo comandado por Javier Madanes Quintanilla, que controla la única productora local de aluminio y una de las mayores en Sudamérica, abarca un desembolso de 300 millones de pesos para la compra de 50 torres de alta tensión y una asistencia financiera de 1.000 millones de pesos a muy largo plazo y una baja tasa de interés destinada a cubrir las obras de montaje y rehabilitación del servicio.

La salida al problema de la línea patagónica que terminó aprobando el secretario de Energía, Darío Martínez, no estuvo exenta de polémica tanto por el tiempo que se tomaron los funcionarios para resolver el tema como por la falta de reacción del ente regulador eléctrico (ENRE), que no aplicó sanciones y aceptó rápidamente el argumento de la transportista Transpa, que sostuvo que la caída de las torres se produjo por un “evento natural extraordinario”.

La novela de la línea de alta tensión que atraviesa la provincia de Chubut y lleva la energía desde la central hidroeléctrica de Futaleufú hasta Puerto Madryn había arrancado el 23 de julio pasado.

Ese día, un fortísimo temporal de viento y nieve tumbó y dañó estructuralmente unas 57 torres de la doble línea de alta tensión que opera la empresa Transpa, la transportista privada que tiene a Aluar como principal accionista y a la gasífera Camuzzi y a un grupo de cooperativas eléctricas de la zona como socias minoritarias.

Tras la marea privatizadora de los años 90, Aluar se quedó con el control de la central hidroeléctrica de Futaluefú y de las líneas de Transpa que unen la represa con su planta productora de aluminio de Puerto Madryn.

Desde el momento en que las líneas quedaron fuera de servicio por la caída de las torres, Transpa comenzó a reclamarle al Gobierno que se hiciera cargo de los arreglos o que le concediera un aumento extraordinario de tarifa para poder afrontar las reparaciones.

Más caro

Al estar interrumpida la línea, el sistema eléctrico nacional no puede contar con los 350 MW que genera normalmente la central hidroeléctrica de Futaleufú. Para remplazar ese aporte, el sistema interconectado nacional utiliza usinas térmicas que consumen gas y combustibles líquidos más caros y la línea de 500 kV que une Choele Choel con Puerto Madryn. Esta operación alternativa le ha generado al sistema un sobrecosto mensual del orden de los 600 millones de pesos. Teniendo en cuenta el tiempo que llevan las torres caídas, ese sobrecosto operativo, que han afrontado hasta ahora el público usuario con tarifas y el Gobierno con subsidios, equivale a casi el triple del monto total que demandarán los trabajos de rehabilitación de la línea.

Pese a que en teoría debería ser una de las principales afectadas por el problema de Transpa, Aluar hasta ahora no se habría visto perjudicada económicamente gracias a que, por una medida del exministro macrista Juan José Aranguren, goza de una tarifa de industria electro intensiva de 17 dólares por MWh que resulta inferior a la que venía abonando por la provisión de Futaleufú.

Para encaminar la rehabilitación de la línea, las autoridades de Energía acordaron la compra de 50 torres que tiene en el stock de reserva la empresa Transener, la principal transportista eléctrica del país, cuyo control se reparten en partes iguales Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y la estatal Ieasa.

Si bien oficialmente aún no se dio a conocer el monto acordado por cada torre, los números que circulan en el sector indican que el valor en juego sería el equivalente a 55.000 dólares por cada estructura.

En tanto, el auxilio financiero para el montaje y la rehabilitación del servicio saldría de los fondos acumulados en el Fideicomiso de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (FOTAE), cuya administración está en manos de Cammesa. Según las versiones más firmes, la que se quedaría con el contrato de las obras sería la empresa española Abengoa.

Ante la eventualidad de que se vuelva a registrar una situación similar en el futuro, la idea que barajan en Energía es crear un nuevo “fondo especial de reserva para contingencias climáticas y casos de fuerza mayor”. Se alimentaría con el 1% de lo que facturan las empresas de transporte y entraría a regir con las revisiones tarifarias integrales (RTI) que el Gobierno prometió aprobar y poner en marcha en 2022.

Corrida por izquierda

Tras la venta de las acciones mayoritarias de Edenor que acordaron el holding de Mindlin y la sociedad conformada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, los integrantes del Grupo Bolívar salieron a correr por izquierda tanto al Instituto Patria como a los funcionarios kirchneristas de los entes reguladores.

Integrado por economistas y cuadros técnicos y políticos del peronismo y de sectores de izquierda, el grupo de lobby reclamó que el Estado, a través de la ANSES, que ya tiene el 27,8% de Edenor, salga a ejercer la opción de igualar la oferta en juego y se quede con el control de la distribuidora eléctrica.

“La venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para que el Estado Nacional pueda reordenar el sector eléctrico, ya que es un insumo estratégico usado por las industrias, que hace que su precio influya en la competitividad de las mismas y a la vez es usado por la totalidad de la población, donde su precio afecta el nivel de vida de todos”, destacó en un documento.

Tras señalar que los 100 millones de dólares del valor declarado de la transacción “se ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene la compañía”, el Bolívar advirtió que existe “una excelente oportunidad para que la ANSES incremente su participación accionaria, dotando al pueblo argentino del control de la principal eléctrica del país y poniéndola al servicio de los intereses nacionales”.

Además, pidieron “revisar los mecanismos de funcionamiento de los entes reguladores que están cooptados por las empresas concesionarias para que sean públicos todos los sumarios abiertos por infracciones y para que puedan registrarse las irregularidades que permitan el día de mañana rescindir los contratos sin costo para el Estado”.

El documento del Bolívar tiene una larga lista de firmantes y adherentes, entre los cuales sobresalen Fernando Vaca Narvaja, Claudio Lozano, Hugo Godoy, Jorge Selser, Víctor de Gennaro, Bruno Capra, Miguel Belardi, César Crocitta, Hugo Daniel Oroná, Andrés Repar, Alejandra Portatadino, Daniel Numerosky, Alberto Galante, Juan Andrés Zion y José Cudina.

Nota Editada en Letra P